Covid-19 fuera de control en el Poder Judicial

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Xalapa, Ver.

A través de mensajes vía correo electrónico y en conversaciones con abogados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y del sur de la entidad, me enteré que los casos de covid-19 en Ciudades Judiciales y juzgados se desbordaron.

Es verdad, ya lo había advertido desde el inicio de la pandemia de coronavirus, si no se hacía algo la solución no sería cerrar los juzgados, sino que se tendrían que implementar todas las acciones de sanitización y limpiezas posibles, costara lo que costara.

Pues ni la entonces presidente Sofía Martínez Huerta ni mucho menos la actual, Isabel Inés Romero Cruz hicieron algo. El pretexto fue que no había dinero, tal y como lo dijo la última hace apenas dos semanas: “La sanitización nos la están fiando”, esto luego de que en apenas siete meses se deshicieron de mil 604 millones de pesos.

Sobre la desaparición del presupuesto de 2021 del Poder Judicial hay muchas versiones y una de ellas es que tras la intervención del gobierno del estado en lo administrativo y lo jurisdiccional se decidió que una parte de ese dinero se fuera a la elección o bien, que parte de ese recurso se quedara en la Secretaría de Finanzas para ser manejado por el subsecretario Eleazar Guerrero, pariente ilegítimo del gobernador Cuitláhuac García.

Ahora bien, lo grave es que también desaparecieron recursos de los Fondos de Mejoramiento y para el retiro de magistrados. Nadie sabe en dónde está ese dinero y no se ve que a corto plazo se efectúe una auditoría para saber quién o quiénes fueron los ladrones que se robaron ese dinero.

Desde el inicio de la pandemia se sugirió la comprar de túneles y cabinas sanitizantes, además de gel, alcohol, cubrebocas, tapetes, cloro, guantes, mascarillas y todo lo que fuese necesario. Sabía que el cierre de instalaciones sólo ocasionaría retrasos en la resolución de miles de expedientes. Pero no se hizo y cuando se hizo volver al personal, cuando se reabrieron los juzgados vinieron los contagios del personal administrativo, jueces, abogados y justiciables. Ha habido muertes que pudieron evitarse.

Había tiempo, antes de todo ello, para contratar al mejor servicio de sanitización, no lo hicieron.

Ahora, nuevamente, tras la aparición de nuevas variantes que provocan que haya mayor rapidez en la trasmisión y contagios sigue habiendo peligro y al parecer no se hará nada, pues no hay dinero.

Qué difícil ha de ser que, en medio de su incapacidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y sus cómplices, Juan Gómez Cazarín y Eric Cisneros, no hayan elegido bien a quienes estarían al frente del Poder Judicial.

Sofía Martínez Huerta mostró las uñas muy pronto y metió a familiares y amigos convirtiendo ese poder en un negocio familiar e Isabel Inés Romero Cruz fue sacada de su casa, luego de ser jubilada para convertirla en presidente sin tener méritos o capacidad. Qué triste para ella pues se afirma que estará hasta diciembre, pero ni así les dará tiempo de preparar a alguno de los 20 improvisados magistrados que les quedan, nombrados de octubre de 2019 a la fecha.

Es más, para evitar riesgos bien pudieron implementar la justicia digital, pero la incapacidad de ambos lo evitó y, por el contrario, el robo de recursos del Poder Judicial aumentó. Ya no hay nada.

Desde que se habló de la salida de Edel Álvarez Peña sólo había una dirección para rescatar y sanear al Poder Judicial. Había una persona, profesionista brillante, con un historial plagado de honradez, con las calificaciones más altas en licenciatura y sus maestrías y doctorados.

Fue en ese entonces que el Poder Judicial perdió a la magistrada más preparada y honrada. Todos sabemos quién es, por supuesto, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.

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