Contrapunto: PJEV, sin resultados.

Miguel Ángel Gómez

Aunque simula que trabaja, la actual presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Isabel Inés Romero Cruz, no pasa de firmar convenios con escuelas y con algunas organizaciones, pero nada de ello garantiza que se esté haciendo un buen trabajo para garantizar la justicia que exigen los veracruzanos.

Es verdad, el área de prensa ha dedicado algunas páginas con fotografías en las que aparece la titular del Poder Judicial con algunos personajes. Sólo son fotos, no implica que detrás de ello hay un esfuerzo por recomponer el lastimado órgano que fue invadido por el gobierno del estado de Veracruz y el Congreso local, para lo único que ha servido es para dar trabajo a mucha gente que poco o nada sabe de la aplicación de justicia.

Lo peor del caso es que si los rumores son ciertos sobre una serie de padecimientos de salud que agobian a Romero Cruz, otros se pueden aprovechar de su poca lucidez y continuar haciendo de las suyas.

Se debe cuidar el aspecto administrativo. En diciembre, Joana Marlen Bautista gastó decenas de miles de pesos –confirmado por personal sindicalizado- en una fiesta. Mal no sólo porque el derroche es muy penado por Morena, sino porque no hubo ningún cuidado en la dichosa fiesta, realizada en plena pandemia. Recordemos que diciembre y enero de este año es cuando más contagios se reportaron.

Tampoco ha habido los cuidados al personal como se esperaba. Han cacareado que se ha repartido material de limpieza para los juzgados y las ciudades judiciales, pero el personal se contagió de Covid-19. Hubo reportes de que hasta el 50 por ciento del personal se contagió de esta enfermedad que ha causado 180 mil muertes en el país, aunque se cree que esa cifra debe multiplicarse por tres.

Hay reportes de que el personal de los juzgados, así como abogados y hasta justiciables han aportado dinero para comprar cloro, gel y hasta cubrebocas, pues no les ha sido surtido desde Xalapa.

Peor aún, si Isabel Inés Romero Cruz está enferma como dicen, que inclusive pasa largos lapsos sin hablar y sin reconocer a nadie, pone en peligro a todo el Poder Judicial, pues muchos dictámenes y oficios pasan por sus manos. Ella es quien firma y autoriza, se supone.

Ha sido rebasada por los integrantes del Consejo de la Judicatura. El representante del poder legislativo, Humberto Hernández Reducindo es quien da las órdenes y se cree el que manda allí dentro. Secundado por Carla Rodríguez, una Notaria que representa el poder ejecutivo y que dirige la Escuela Judicial de Veracruz y que está a punto –créalo- de ser ascendida a magistrada.

Vaya, en el último año y cuatro meses, 18 personas fueron ascendidas a magistrados. La mayor parte de ellos ni siquiera tienen idea del lugar en que están parados, como para que ahora envíen allí a otra imberbe que no tiene carrera judicial.

Y lo que es más vergonzoso, los diputados de Morena envían a cualquier pelagatos para ser contratado allí y desplazar a trabajadores de contrato que han dejado su vida en el Poder Judicial. El diputado Juan Javier Gómez Cazarín no deja de intervenir allí dentro y ha enviado a sus secuaces a que los contraten y hasta han ganado contratos de servicios, para sangrar al Poder Judicial.

Aunque hay gente que se ha fanatizado con Morena, no tienen idea de todo lo que se pierde al colocar a desconocidos como magistrados y hasta jefes de distintas direcciones, pues pareciera que sólo les importa el tema económico. Ojalá y hubiera una auditoría a fondo para saber de cuánto es el daño patrimonial, no sólo el que se cree que ocasionó Sofía Martínez Huerta, sino ahora Isabel Inés Romero Cruz, o bueno, quizá esté tan enferma que ni cuenta se ha dado.

Y el tema de la justicia a distancia. No se ha tomado en cuenta a abogados, ni a especialistas. Hay 17 estados en el país en que ya se aplica la justicia a distancia y en Veracruz, ni por teléfono se entera uno. Y los casos, parados. Hay un rezago impresionante.

También, se esperan sanciones mientras continúen con la necedad de no restituir a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes. Ellos ganaron sus amparos y hasta el momento no se les ha permitido volver a ocupar sus oficinas. Tanto Isabel Inés Romero Cruz como el diputado Cazarín creen que harán de las suyas, pero no será así.

Lo que sorprende es que un partido político como Morena, que ganó la presidencia y la gubernatura en Veracruz no cumpla con los estándares, vaya, que a sus militantes no les preocupe entregar buenas cuentas. Nomás han introducido a personas en distintos cargos sin tener preparación ni mucho menos experiencia.

Algo es cierto, ni Isabel Inés Romero Cruz ni Sofía Martínez Huerta son sinónimo de preparación. Las dos tuvieron carreras muy oscuras y ascendieron por su simpatía con Morena, pero no porque lo merecieran.

Lo he dicho hasta el cansancio, las dos no le llegan ni a los talones a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que ha dejado su vida en juzgados y en el Tribunal Superior de Justicia. Jamás estuvo en el ojo del huracán y es la magistrada que más preparación tiene.

Hay magistrados (as) que presumen foros y diplomados, pero no maestrías, ni doctorados, ni una práctica judicial de años. Castañeda Palmeros fue jueza en 16 juzgados, obtuvo dos maestrías y un doctorado, con una tesis brillante en justicia familiar. Es magistrada inamovible y vaya, le daría clases tanto a Isabel como a Sofía, así como al resto de los magistrados.

Y encima, tiene honradez, categoría y clase, además de una capacitación constante. Recordemos que la elección en la que quedó Sofía Martínez dio la vuelta al país, más que nada porque fue impuesta por el gobierno estatal, más no porque tuviera capacidad. Pero es cierto, aquella frase que expresó Yolanda Castañeda fue lapidaria: “Cualquier tarugo o taruga puede ser titular del Poder Judicial en Veracruz”.

Y tuvo razón, ya van dos y no se ve por dónde se pueda recomponer el Poder Judicial.

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