El actual gobernador de Veracruz es una persona bien intencionada: Javier Duarte
Respetuoso aviso a tiempo, Señor Gobernador
Laurence J. Peter fue el analista canadiense que formuló el famoso principio de administración según el cual todas las personas llegamos a un cierto nivel de avance personal en el que nos resulta imposible entender y cumplir las responsabilidades que tenemos asignadas. Me parece que su mayor genialidad es cuando afirma que “sólo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y esa cosa es no aprender de la experiencia”.
Estoy seguro de que prácticamente cualquier persona a la que se le pregunte dirá convencida, y yo lo comparto, que el actual Gobernador de Veracruz es una persona bien intencionada, realmente preocupado por ayudar a la gente, particularmente a los pobres y a los desposeídos; proviene de una familia de principios, con una tradición de lucha social y si algo caracteriza a sus padres, es la congruencia y la coherencia entre lo que han dicho y la manera en que han vivido a lo largo de los años. Debo confesar que curiosamente al que conozco y sé de su extraordinaria calidad humana y profesionalismo es al Dr. Xicoténcatl García Jiménez quien fue el Médico Neumólogo de mi abuela en su última etapa de vida y con quien estaré eternamente agradecido por los cuidados que tuvo con ella, en lo referente a su hermano el Gobernador he insistido en que no lo conozco personalmente, sin embargo las referencias que tengo de él son muy positivas, incluyendo comentarios de quienes fueron sus alumnos y le reconocen su dedicación, su empatía y su disposición para apoyar a los estudiantes.
Lo que es un hecho es que ahora a Cuitláhuac García Jiménez le corresponde administrar las instituciones públicas de Veracruz en un momento de profunda incertidumbre nacional e internacional, de severas restricciones económicas y volatilidad financiera, de cambios drásticos en la manera de ejecutar la política y la administración, de tensiones que no se habían visto en Veracruz y de nuevas demandas sociales que presionan como nunca antes a las instituciones públicas.
Para nadie son extraños, tampoco, los ataques sistemáticos y mal escondidos que la actual administración viene sufriendo desde su primer día, por parte de los integrantes del anterior gobierno estatal, cuya única misión y característica fueron siempre y siguen siendo, la siembra de odio, el terror, la brutal violencia institucional, la fabricación de delitos y el uso del aparato judicial con fines represivos meramente políticos y, según afirmó una legisladora federal del propio partido que gobierna en Veracruz, MORENA, hasta los homicidios políticos selectivos para sembrar pánico entre los críticos del tirano.
Todo ello genera una desgastante pugna que desafortunadamente consume el tiempo, la atención y los escasos recursos del actual Gobierno, que deberían dedicarse a mejores propósitos; esa agresión contra la actual administración ha tenido su momento de mayor crisis en la difícil pero necesaria destitución del lacayuno, parcial y fallido abogado de la familia Yunes Márquez, a quien sin cumplir los requisitos de ley, los integrantes de la “dinastía imperial” impusieron como Fiscal General del Estado, no para procurar justicia sino para concretar sus fines de rencor y venganza de agravios que sólo sufrieron en su enferma imaginación y, por fortuna, para su frustrado sueño de perpetuarse en el poder público; ése fiscal, justamente defenestrado, que bien sabe la que le espera por haber consentido en la enorme cauda de aberraciones y delitos gravísimos que cometió por instrucciones del jefe y sus cachorritos, violando la autonomía que estaba obligado a proteger, causando daños irreparables a muchas personas y, sobre todo, a las instituciones y a la propia justicia de Veracruz.
Ante esta realidad, no quiero ni debo permanecer en silencio respecto de los hechos que percibo y que, desde mi punto de vista muy respetuoso, requieren atención inmediata, sin que ello signifique jamás y bajo ninguna circunstancia, ni una intromisión ni, mucho menos, una falta de respeto a quien legítimamente gobierna Veracruz con el apoyo indiscutible de cientos de miles de veracruzanos que le dieron su respaldo y que por ende tiene las facultades legales para tomar las decisiones que crea más adecuadas y prudentes.
El mío es el punto de vista de un mero ciudadano –hoy injustamente privado de mi libertad y de mis derechos políticos, pero que más temprano que tarde demostraré mi inocencia— pero que en su momento pasé por circunstancias similares y me vi obligado a enfrentar problemas de similar complejidad y envergadura. No faltarán los malquerientes y calumniadores profesionales que dirán que pretendo decirle al Gobernador en funciones lo que debe hacer, lo cual no sólo sería iluso e irrespetuoso, sino carente de sentido. Por el contrario, sería más que penoso e incongruente que permaneciera yo en silencio sólo para evitarme críticas y agravios de los mercenarios al servicio del yunato, en lugar de señalar proactivamente, como es mi deber, la delicada problemática que estoy observando en Veracruz. Tengo bien presente la ingeniosa frase del Gobernador Patricio Chirinos (“El respeto al sexenio ajeno es la paz”) pero es justamente por el respeto que le tengo al Gobernador García Jiménez que decidí compartir mis puntos de vista.
Aunque en prisión mi acceso a los medios de comunicación es limitado, advierto lo siguiente:
1) El actual Gobierno de Veracruz, emanado de MORENA, decidió valientemente emprender una cruzada frontal contra del crimen y de la delincuencia organizada y del orden común. Sin embargo, son muchos los actores sociales que expresan frustración por su desconocimiento de esa estrategia. Sería muy conveniente que de manera detallada las autoridades explicaran cómo están enfrentando el enorme reto de la (in) seguridad, cuáles son sus expectativas en el corto y mediano plazo y cuáles son las razones por las que los índices delictivos están creciendo de manera tan desproporcionada.
2) Evidentemente, los grupos delincuenciales, así como los aliados políticos y económicos de esas mafias, que se benefician con la violencia brutal e indiscriminada no van a renunciar voluntariamente a sus negocios, a sus privilegios ni a sus cotos de poder. Harán todo lo que esté en sus manos no sólo para continuar sus prácticas ilícitas sino para evitar las consecuencias legales de sus acciones delictivas. En pocas palabras, se trata de enemigos letales que tienen gran poder de fuego, toda la determinación para continuar delinquiendo hasta las últimas consecuencias y muchas, muchas complicidades que están vinculadas a un enorme y complejo entramado de actores (desde modestos halcones hasta grandes lavadores de dinero sucio, pasando por supuesto por autoridades corruptas y/o timoratas).
Puedo ejemplificar lo anterior: por lo menos en tres ocasiones documentadas mis hijos, Karime y yo, fuimos sentenciados a muerte por todos los diferentes cárteles que se disputaban el dominio del territorio del Estado, y si bien decidí no hacerlo del dominio público para no causar temor entre la población, algunos de esos hechos trascendieron y fueron del dominio público, como el ataque armado afuera de la escuela donde estudiaban mis pequeños.
Otros incidentes pasaron desapercibidos, como cuando por unos breves instantes de diferencia logramos desactivar a un comando que planeaba derribar con una bazuca el helicóptero donde viajábamos varios servidores públicos.
Gracias a los eficaces servicios de inteligencia de la Marina-Armada de México, a la colaboración del Ejército Mexicano y, sobre todo, al trabajo de los valientes policías veracruzanos es que aún puedo narrar estos hechos. De hecho, fue necesario que durante la mayor parte de mi mandato un grupo especial de la Marina se hiciera cargo de la seguridad de mi familia y de la mía también. Algún día daré los detalles, pero lo que intento decir ahora es que ese riesgo estuvo vigente los seis años de mi mandato y no sólo para mí sino para toda mi gente cercana, porque siempre me negué a pactar con los delincuentes y siempre los enfrentamos, sin excepciones, con la ley y con la fuerza legítima del Estado.
No se trataba de hacerle al héroe y menos aún de andar presumiendo tontamente todo lo que pasamos por actuar con firmeza, ni a cuántas células delictivas desarticulamos, ni cuánta droga y armas se incautaron, ni cuántas víctimas de secuestro recuperaron su vida y sus bienes, ni cuantos terribles delincuentes acabaron en prisión, pero sin duda, muchos de los problemas de mi Gobierno fueron consecuencia del combate a la delincuencia. Lo fácil es “llegar a arreglos” y dejar que prevalezca y se arraigue para siempre el reino de la impunidad y el mal, lo difícil es hacer que se cumpla la ley al precio que sea. Lo que digo está documentado y llegará el momento de hacerlo público.
3) En todos los aspectos de la vida pero más aún cuando se es servidor público y se tiene bajo la propia responsabilidad el cuidar la integridad y el patrimonio de los demás, la autocrítica es muy importante. El gobernante y el gobierno deben reconocer que las mafias buscan destruir las instituciones, que poseen los medios para corroer todo el sistema, incluyendo jueces, fiscales y policías de todos los rangos, que tienen poderosos e influyentes aliados en la política y que el delincuente siempre tiene una ventaja respecto del servidor público, porque el policía está limitado por las leyes, no puede excederse en el uso de la fuerza, por naturaleza no es un asesino e incluso, el policía suele terminar frustrado después de enormes, peligrosos y extenuantes esfuerzos para aprehender a un criminal que, por tecnicismos o francos actos de corrupción, más temprano que tarde acaba en libertad.
4) Entender las razones por las que un determinado delito crece en cierta región, disponer de información oportuna y saber procesarla, es decir, usar adecuadamente la inteligencia policial, aceptar que el secreto del éxito está no en aumentar los órganos represivos del Estado sino en disminuir la cantidad de delitos, es LA premisa para afinar los objetivos y usar bien y correctamente los escasos recursos que tiene el gobierno para enfrentar la delincuencia. Hacer las cosas de otro modo es dar tiros de ciego, casi siempre fallidos, costosos y frustrantes para la sociedad.
El verdadero camino para contener la seguridad pública requiere de compromiso y valentía y, como lo constaté en mi propio caso, se pagan altísimos costos por ello.
