Aprueban, en lo general, reformas a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de cuentas

  • Se decretó un receso para continuar la discusión, en lo particular, mañana jueves a las 10:00 horas

La Cámara de Diputados avaló, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, para permitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público introducir el nombre de un individuo a la lista de personas bloqueadas, cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada a delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos asociados.

El dictamen, aprobado en lo general, con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, modifica el título quinto de la citada ley y agrega el capítulo V “De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”.

Establece que quienes sean registradas en esa lista podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Para ello, previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión, manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.

La solicitud deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado las causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. La UIF, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo, hasta por el mismo periodo.

Transcurrido el plazo para que el interesado aporte pruebas y formule alegatos, la UIF, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de que esté integrado el expediente, emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará la inclusión del interesado a la lista, y si procede o no su eliminación.

Indica que en la misma resolución administrativa, en términos de la Ley Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, la SHCP podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados.

En el caso de que el interesado esté inconforme con el contenido de la resolución, podrá impugnarla en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Además, cuando la inclusión a la lista de personas bloqueadas haya sido con motivo de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevará a cabo el proceso de desincorporación que estipule el Comité por el cual se haya designado la inclusión.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), indicó que el objeto es generar un procedimiento para que la autoridad respete las garantías procesales de las personas, sobre todo el derecho de audiencia.

Comentó que también se podrán hacer valer otras prerrogativas procesales, por lo que el dictamen solventa la falta de correspondencia constitucional señalada por la Corte. Además cumple con los procedimientos de las autoridades con el fin de salvaguardar la seguridad pública, a través de la prevención financiera.

Reconoció la importancia de establecer mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque vulneran y pervierten el sistema financiero. “Esta reforma armoniza los criterios judiciales vertidos en materia de bloqueo de operaciones activas y pasivas bancarias, con motivo de causas nacionales por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al congelamiento de cuentas bancarias”.

Agregó que el bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales, responde al cumplimiento de los procedimientos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales tienen por objeto prevenir o interrumpir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o pública, la economía o el sistema financiero.

En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) destacó que con estas reformas se establece un procedimiento para la autoridad y los gobernados. “El Estado debe contar con herramientas jurídicas para seguir la ruta del dinero y desmontar la corrupción e impunidad que permea desde hace décadas para este tipo de actividades ilícitas. O nos quedamos como en 20 años a la fecha, sólo decomisándole al Chapo una casa, una pistola, un reloj y unos cuantos dólares”.

Del PAN, la diputada Martha Elisa González Estrada mencionó que el dictamen presenta severos inconvenientes, porque pretende la aplicación de una práctica inconstitucional y perversa que es el congelamiento de cuentas por parte de una Unidad de Inteligencia Financiera, y la facultad que se le pretende dar en materia de extinción de dominio. “La reforma cambia la fisonomía de la Unidad, de una entidad de inteligencia con perfil analítico y discreto a una entidad protagónica y operativa. Eso arriesga de manera importante la eficacia de sus tareas esenciales”.

La diputada del PRI, Lourdes Erika Sánchez Martínez, destacó la necesidad de impulsar reformas que combatan el lavado de dinero y el desvío de recursos. Sin embargo, dijo, hay preocupación por el respeto que deben las autoridades a la garantía de audiencia. En especial “nos preocupan los derechos de aquellos ciudadanos que la Secretaría de Hacienda incluye en la lista de personas bloqueadas. Resulta fundamental garantizar el respeto a los derechos de propiedad y al debido proceso”.

José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, expuso que datos de la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que se congelaron 2 mil 56 cuentas en instituciones financieras, de las cuales dos mil 20 fueron bancarias, y hasta el momento las designaciones en la lista de personas bloqueadas mayormente se relacionan con el tráfico de drogas, corrupción, grupos de delincuencia organizada y delitos fiscales. “La reforma es acorde a las políticas para el fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo”.

La diputada de MC, Carmen Julia Prudencio González, aseguró que se podrían afectar derechos fundamentales, directamente a la propiedad y de manera indirecta, según las circunstancias de cada caso, incidir en derechos como la alimentación, salud, libertad de comercio o de trabajo. “Necesitamos de un juicio de autoridades y de formalidad en el procedimiento que beneficien al interesado y no a la autoridad. La redacción del procedimiento administrativo que se pretende establecer es ambigua; no es proporcional, es discrecional”.

Por Encuentro Social, la diputada Adriana Lozano Rodríguez manifestó que congelar cuentas es la forma pacífica de combatir criminales y atrapar a los corruptos que los protegen. “Construiremos en colaboración con la banca, las dependencias competentes y, sobre todo, la sociedad, una norma tan clara que permita perseguir a delincuentes sin agraviar el debido proceso. Esta norma no afectará a la gente común”.

El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez señaló que la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera son solamente autoridades administrativas y sin facultades para dictar medidas cautelares como bloquear la cuenta de un ciudadano, ya que ello implica prejuzgar un delito, y esa facultad le está conferida, por mandato constitucional, al Ministerio Público. “Con su aprobación lloverán los juicios ante la Corte y se declarará la inconstitucionalidad”.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) precisó que con estas reformas, la Unidad de Inteligencia Financiera perdería sus capacidades de análisis y el perfil estratégico que recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “La Unidad no puede ni debe ser una policía financiera ni Ministerio Público. La Unidad que México necesita es una entidad discreta, robusta, que se enfoque en las modalidades más lesivas de lavado de dinero y los delitos de cuello blanco”.

Por Morena, el diputado Agustín García Rubio consideró fundamental establecer mecanismos que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de operaciones con dinero ilícito, ya que vulneran y pervierten el sistema financiero. “El procedimiento que se propone tiene como fin incorporar herramientas que incrementen las capacidades de las instituciones encargadas del combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de manera ilícita”.

La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán se manifestó a favor de reformas que combatan el lavado de dinero, no obstante, dijo, con estas reformas se está tratando de convalidar un procedimiento de facultades para la Secretaría de Hacienda, las cuales la Corte ya ha considerado inconstitucional porque vulneran el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. “Esto nos parece gravísimo, viola principios constitucionales y el derecho de audiencia ya viene de todas maneras incluido en la Carta Magna”.

Carolina García Aguilar, diputada de Encuentro Social, argumentó que estas reformas persiguen objetivos loables, como golpear en el bolsillo de quienes realicen operaciones ilícitas, o bien de aquellas que pretendan financiar actos de esta índole. “Estamos a favor porque hay que pegar al crimen en lo único que le duele: el dinero. Estamos por la legalidad, el Estado de derecho y la reconstrucción del tejido social”.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) pugnó por reformas que sean operativas, eficaces y que den armas a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera, y “no dejarlas con las manos cruzadas y al amparo de los procedimientos ante la Suprema Corte, de los procesos jurisdiccionales que van a echar abajo estas medidas que hoy se pueden aprobar y que beneficiarían a los grandes capos y a los delincuentes de cuello blanco. La reforma nace como letra muerta y por eso no estamos dispuestos a apoyarla”.

De Morena, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona dijo que se creará un procedimiento que proteja el derecho fundamental a la seguridad jurídica de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. En este nuevo procedimiento la audiencia permitirá que se ofrezcan pruebas y se formulen alegatos. “Será constitucionalmente válido utilizar el bloqueo de cuentas para prevenir y combatir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad pública, la economía nacional y al sistema financiero”.

Raymundo García Gutiérrez, diputado del PRD, adujo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera carecen de facultades para ordenar a las instituciones bancarias bloquear las cuentas de ciudadanos, excepto cuando sean solicitadas por una resolución de un organismo mundial, en los términos de lo acordado en tratados internacionales. “Es un sinsentido no sólo legal, sino del más elemental sentido común”.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) resaltó que este dictamen pone en la ley un procedimiento para el debido proceso y se ajusta a los lineamientos internacionales y a los brindados por la Suprema Corte. “Se subsana la deficiencia sobre el debido proceso y lo vuelve constitucional. La norma va a dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de una estructura jurídica para que actúe conforme lo mandata la Constitución y da certeza jurídica al bloquear las cuentas”.

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, indicó que la reforma pretende conceder derechos de audiencia para quienes sean incluidos en las listas de personas bloqueadas, a costa de convalidar facultades de la Secretaría de Hacienda que la Suprema Corte ha establecido que son inconstitucionales. “Implica fomentar la violación de derechos humanos, aumentar la discrecionalidad de las autoridades, dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de atribuciones alejadas de su naturaleza”.

Por el PT, la diputada Nelly Maceda Carrera destacó que se dota a la autoridad administrativa financiera del instrumento legal que le permita el combate a la delincuencia organizada, en el lugar que más les duele: el bloqueo de las cuentas. De manera complementaria, se faculta a la Secretaría de Hacienda a promover la extinción de dominio de estos recursos.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) manifestó que no se está violando ningún derecho, ni acudiendo a una fórmula que ahora resulta novedosa. Tampoco se deja de lado la resolución de la Suprema Corte de Justicia, lo que se está haciendo es atender una falta. “El bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios, originadas en el ámbito nacional, será constitucional y de esta manera estamos cerrando uno de los huecos de la norma de 2014”.

Discusión en lo particular

Durante la discusión en lo particular, se reservaron los artículos 116 Bis 2, así como el Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios del dictamen de la Ley de Instituciones de Crédito.

Se presentó la reserva de la diputada Lidia García Anaya (Morena), al artículo 116 Bis 2, párrafo segundo, fracciones I y III, para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, junto con la institución bancaria, notifiquen por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.

También la diputada propuso eliminar la fracción III del artículo 116 Bis 2, referente a la promoción de la extinción de dominio de los recursos bloqueados, en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional.

La legisladora dijo que en la argumentación del dictamen se manifiesta que esta promoción de extinción de dominio se dará para los recursos en materia internacional. Sin embargo, “no se plasma en la ley dicha mención, la cual es significativo, ya que pueden ser objeto de este proceso las personas físicas que estén llevando a cabo un procedimiento administrativo y en su resolución, si resulta negativa, podrían ser susceptibles del procedimiento civil de extinción de dominio”.

Luego de dos recesos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, informó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva se decretaba un receso para reanudar la sesión mañana jueves 7 de noviembre, a las 10:00 horas.

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