Proponen sancionar a quienes ejercen violencia sexual contra niñas y niños con discapacidad

Las niñas y niños con discapacidad son entre tres a cuatro veces más proclives a padecer violencia sexual o de otro tipo, problemática social que debe hacerse visible para actualizar el marco jurídico e incidir en el diseño de las políticas públicas que los protejan, afirmó la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Durante el foro “Violencia, indefensión y vicios legales que afronta la infancia mexicana con discapacidad”, donde adelantó que en el presente periodo ordinario de sesiones se presentarán diversas reformas para superar el vacío legal existente y defender a esta población.

La violencia sexual hacia menores es un problema real que se vive en los hogares mexicanos, porque el porcentaje más alto de violaciones lo ejerce algún integrante de la familia, por eso debe lucharse en contra de este flagelo social.

La legisladora por Yucatán explicó que la instancia legislativa, junto con asociaciones civiles, analizará diversas propuestas para modificar las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de hacer referencia a los menores con discapacidad, víctimas de violencia sexual, porque al no aparecer en el marco legal o estar implícita su presencia en algunos artículos no ha sido suficiente para protegerlos.

Resaltó que la mayor preocupación de las organizaciones de la sociedad civil radica en que no se habla de esta problemática porque “la violencia sexual es todavía un tema tabú que no se discute de forma abierta, pese a que la sufren niñas discapacitadas, quienes al no escuchar, ver, hablar o moverse son víctimas de abusos”.

Es una situación poco hablada porque el agresor es un integrante de la propia familia y denunciarlo implica destruir al núcleo, es reconocer que el papá, tío o primo cometen el abuso sexual o violencia de otra índole y “las familias mexicanas se callan en un silencio ensordecedor”, subrayó.

Aseguró que el número de víctimas menores con discapacidad aumenta, porque no se pueden defender al padecer de sus facultades física o mentales, son sordomudos, débiles visuales o tienen alguna discapacidad que no les permite comunicarse, convirtiéndolas en más vulnerables. Su situación se agrava por la necesidad que tienen de que alguien les cuide, aunque esta persona pueda ser su agresor directo.

Patrón Laviada indicó que la violencia sexual está en todo el país, como los embarazos infantiles, donde México ocupa los primeros lugares en Latinoamérica en este fenómeno que se vincula con agresiones hacia menores con discapacidad.

Aurora Aguilar Rodríguez, directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (Celig), apuntó la importancia del trabajo que realizan las y los legisladores al atender los problemas de los menores, a través de diferentes perspectivas, como el de la hipersexualización infantil.

Este fenómeno prácticamente es desconocido y no está visibilizado, y es fomentado inclusive por las madres cuando a sus hijas menores las maquillan y compran tacones, y dicen: “qué bonita se ve”. Lo cierto es que le hacen un daño emocional grave.

Por ello, es imprescindible analizar las diversas problemáticas con expertos, así como de los riesgos que enfrentan las niñas con discapacidad, porque se dice que si una chica de 15 años consintió tener relaciones sexuales con un hombre de 40 está bien, pues “no, no está bien porque está siendo abusada por un hombre adulto y no debe confundirse con que ejerce sus derechos sexuales. Entonces sí necesitamos poner atención a este tipo de temas”.

Expresó el compromiso del Celig para coadyuvar a visibilizar estos fenómenos y ponerlo en la atención de los ciudadanos. “Aquí tienen aliadas para avanzar en estos temas en un marco de compromiso, a fin de que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad sean atendidos en conjunción con los diputados”.

De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Lizbeth Rosas Montero, directora general del Desarrollo Penitenciario, expresó el compromiso de la dependencia federal para reforzar sus acciones con perspectiva de género, privilegiar el respeto a los derechos humanos y garantizar que los elementos policiacos, el personal y la Guardia Nacional tengan las herramientas para avalar la seguridad de esta población.

Como bien sabemos, está poco visibilizado este sector. Por ello, manifestó su compromiso de coadyuvar para garantizar los derechos de las niñas con discapacidad que sufren violencia.

Gabriela Martínez, representante de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, (Confe), llamó a analizar en qué medida la política pública, la familia, la escuela y la forma de enseñanza son barreras para la inclusión social e integral de las niñas con discapacidad.

Consideró la importancia de consultar a las afectadas en un ejercicio democrático que les permita dar a conocer sus necesidades y problemática, para que su voz valga y que en el futuro participen siempre considerando la perspectiva de género.

La discapacidad es una condición de vida, y en el caso de las niñas no las define de ninguna manera. En ese sentido “es incorrecto hablar de que mujeres tengan cierta edad adulta y su comportamiento sea infantil, porque eso provoca que la condición de discapacidad se enfoque en la persona y se desatiende la obligación que tienen los demás para facilitar su inclusión en las familias, comunidades y escuela”.

María Teresa Miyar Bolio, coordinadora general del proyecto “Rutas de prevención y atención a la violencia contra las niñas con discapacidad en el estado de Yucatán” (2018-2020), impulsado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres, indicó que contribuirá a generar actitudes y prácticas que disminuyan su posición de riesgo a discriminaciones múltiples.

Además, coadyuvará a desarrollar un modelo de intervención para prevenir y atender de forma multisectorial la violencia que sufren las menores en cinco municipios yucatecos, por medio de tres etapas que involucra a funcionarios estatales y municipales para que basen sus actividades en el respeto al género, con estrategias integrales de atención y protección.

Nancy Walker Olvera, representante legal de la asociación civil Ciencia Social Alternativa Kóokay, urgió a tener datos sobre violencia de género para dimensionar la incidencia de violencia sexual o de otro tipo que sufren los menores discapacitados. Carecer de estadísticas hace más compleja la posibilidad de designar presupuesto y traducirlo en políticas públicas. Sostuvo que “un discurso sin recursos se convierte en demagogia”.

Refirió la disparidad de estadísticas entre las diferentes dependencias públicas y se desconoce la realidad. “Los menores con discapacidad ni siquiera están en una categoría específica y pareciera que son ciudadanos de segunda, se necesita considerarlos como sujetos en plenitud de derechos de acuerdo a su condición física y mental.

Propuso incluir en el marco jurídico vinculado a esta población, las palabras “niñas y adolescentes” y reemplazar abuso por “violencia”. Además, añadir de manera explícita la consideración de las personas con discapacidad intelectual que pueden tener cierta edad física, pero otra edad mental.

A través de un video, Natalia Calero Sánchez, especialista en Gestión de Programas de ONU-Mujeres México, resaltó la importancia del Fondo de Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel global, creado en 1996, cuyo objetivo es mejorar el acceso de esta población a servicios sectoriales para enfrentar los abusos.

Asimismo, promover la aplicación de leyes, políticas nacionales, sistemas de rendición de cuentas, y promover la prevención de la violencia contra este sector, factor de vital relevancia para lograr cambios de mediano y largo alcance.

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